Justicia transicional: Réplica a Horacio Verbitsky

(Texto enviado a Página12)

En la nota editorial de Página12 del domingo 23 de agosto Horacio Verbitsky (“Pescado al dulce de leche”) critica un seminario sobre Derechos Humanos organizado por la Universidad San Andrés en el que participé como uno de los invitados. La nota presenta esta actividad como parte de una movida pro-impunidad. Temo que se me esté endilgando el delito de “asociación panelística”. En lo que se refiere a mi intervención la nota dice:

“El profesor de derecho de la UBA Marcelo Alegre cuestionó incluso el concepto de dictadura cívico-militar y la acusación a algunos jueces por complicidad con delitos de lesa humanidad, porque constituiría una “oblicua reivindicación de la dictadura”. Su barroca conclusión es que si se ignora que los jueces fueron irrelevantes y se los acusa por no haber investigado “se transforma la dictadura en una semi-república”.

También entiende que se intenta poner los Derechos Humanos al servicio de un proyecto anti-liberal, apropiándose del concepto liberal-democrático para combinarlo con otros elementos incompatibles, como la reivindicación de la violencia política, el nacionalismo, la militarización, y el hiperpunitivismo, lo cual constituye una “gran deformación filosófica”.

Un punto común a casi todas las intervenciones, que Alegre desarrolló con mayor detalle, es la reivindicación del juicio a las Juntas de 1985, como modelo antagónico a los actuales procesos, que no serían jurídicos sino políticos. Para ello pasan por alto que aquel juicio suscitó en su momento las mismas críticas que ellos dirigen ahora a la nueva etapa. Para Alegre, fue “el Cruce de los Andes de la democracia recuperada”. No está de más recordar que Raúl Alfonsín justificó la claudicación de la ley de obediencia debida con otra metáfora histórica: “No hemos tomado la Bastilla”. Ni el cruce de los Andes ni la toma de la Bastilla fueron momentos aislados, sino parte de procesos dinámicos que, con avances y retrocesos, construyeron la independencia y la democracia que hicieron posible, tanto el gran juicio del ‘85, como la reapertura posterior.”

En el panel participó gente que conozco y respeto y cuyo compromiso con la democracia y los DH es incuestionable, tales como Graciela Fernández Meijide, Carlos Peña (Rector de la Universidad Portales de Chile), Sam Ferguson (investigador de la Universidad de Yale), José Luis Romero, Robert Barros (Profesor de Ciencia Política y estudioso de la dictadura de Pinochet), Martín Sabelli (experto en reformas judiciales de EEUU), etc. Lamenté y así se lo dije al decano de San Andrés, que no hubiera gente que trabaje en los juicios actuales desde la perspectiva de los fiscales o víctimas para responder a las críticas a esos juicios de la defensora Verónica Blanco. Lucas Grosman me respondió que nadie del CELS había aceptado la invitación a integrar el panel por problemas de agenda.

He cambiado muchas de mis opiniones con el tiempo, pero no sobre el tema de la justicia transicional. Me opuse, como integrante de la Juventud Radical y en las calles, contra las instrucciones a los fiscales, el punto final, la obediencia debida, decisiones del gobierno de Alfonsín (que orgullosamente integré en posiciones muy secundarias). En aquella época la militancia juvenil no consistía en “bancar” al gobierno acríticamente. Por supuesto que apoyábamos fuertemente a Alfonsín, pero muchos jóvenes cuestionaban en voz alta diversas políticas del gobierno, en el terreno de los derechos humanos y en otros (tenencia de drogas, deuda externa, etc), sin que se pusiera en duda nuestra lealtad al radicalismo. Aspirábamos a ser la vida y la paz, no los soldados de nadie.

Durante los noventa apoyé, desde mi tarea docente, los distintos resquicios para vencer a las políticas de impunidad, incluyendo la nulidad de la ley de obediencia debida, y más tarde respaldé en mis escritos la jurisdicción universal en materia de violaciones de DH^[1].

Mi posición sobre el concepto de dictadura cívico-militar y los juicios a jueces del Proceso está publicada en un libro de este año, cuyo elogio de contratapa escribió el propio Verbitsky.^[2] Cuestionar el concepto de dictadura cívico-militar no equivale a disminuir el cuestionamiento ético y político del terrorismo de estado. En breve, mi postura es que ningún sector participó del poder con la cohesión de las FFAA, que concentraron en las Juntas la suma del poder público, incluyendo el plan clandestino de represión. Esta conceptualización no obstaculiza en lo más mínimo la punibilidad de los civiles (que por supuesto los hubo) involucrados en la violación de derechos humanos.

En el panel rechacé enfáticamente la idea de la reconciliación, que había sido expuesta por Emilio Cárdenas previamente (aunque él fue claro respecto a la improcedencia jurídica de todo tipo de amnistía o indultos). Dije que no cabía trasladar al plano público un concepto eminentemente privado y que la reconciliación es el producto de decisiones personales y no puede imponerse desde el Estado. El Rector Peña disintió, cuestionando el carácter liberal de mi enfoque e insistiendo en que la reconciliación es un fin legítimo del Estado. Le repliqué invitando a Graciela Fernández Meijide a dar su opinión, preguntándole si ella aceptaría que el Estado sustituyera su voluntad de aceptar o no reconciliarse con los verdugos de su hijo. Graciela estuvo de acuerdo conmigo.

De ninguna manera afirmé ni creo, como dice la nota, que los juicios actuales sean políticos y no jurídicos. Lejos de descalificar la rendición de cuentas ante la Justicia de los funcionarios judiciales de la dictadura, señalé dos requisitos para que esos juicios cumplan el objetivo de hacer justicia dentro del estado de derecho. Por un lado, tomarse en serio la idea de la complicidad obliga a acusar a los jueces por los delitos que sin duda son de lesa humanidad y por tanto imprescriptibles: homicidios, tormentos, secuestros, etc. El resultado serían sentencias aún más severas que las que se dictarían en base a delitos cuyas penas son menores (incumplimiento de deberes, omisión de investigar, etc).

Por otra parte, es necesario tomar en cuenta el contexto de la conducta judicial que se investiga, en este caso el estado de terror imperante en la dictadura. Respecto de la “oblicua reivindicación de la dictadura”, me refería al riesgo de sobrevalorar el poder de los jueces en la dictadura. Si alguien asume que los jueces podían poner fin a la represión ilegal, eso implicaría que el poder militar estaba dispuesto a sujetarse a decisiones judiciales, lo que niega el carácter de autoritarismo extremo del Proceso. La noción de que la Justicia durante la dictadura fue más o menos irrelevante no es una originalidad. Por ejemplo, era la opinión de Raúl Alfonsín.^[3]

Mi posición es que los jueces dictatoriales deben responder en los casos en que se involucraron directamente en la represión clandestina (por ejemplo participando de interrogatorios bajo tortura, favoreciendo apropiaciones de niños secuestrados, etc) y sin que se formulen distinciones oportunistas con base en las posiciones políticas posteriores de los magistrados.

Luego de que Kirchner en la ESMA ninguneara el Juicio a las Juntas, y de la reescritura oficial del prólogo del Nunca Más, es perfectamente legítimo que quienes defendemos el legado extraordinario de Alfonsín reivindiquemos tanto la Conadep como el Juicio a las Juntas. Emparentar esta defensa con una campaña por la impunidad es un disparate, en línea con aquellas imposturas. No dije que el Juicio a las Juntas fuera antagónico con los actuales juicios, como la nota sugiere. Fue, simplemente, algo diferente y la razón que expuse es que aquel juicio apuntaba a terminar con la idea de que las FFAA estaban por encima de la ley y las instituciones. En mi opinión, y por fortuna, este objetivo de poner en caja a los militares ya no está en juego hoy. Sí opino que la trascendencia del Juicio a las Juntas es incomparable respecto del resto de los juicios.

También dije que la filosofía de los DH, o sea el liberalismo (con perdón de la palabra) es incompatible con varias posiciones con las que el kirchnerismo ha coqueteado o que ha asumido. La nota enumera la reivindicación de la violencia política, el nacionalismo, la militarización, y el hiperpunitivismo. Aludí también a la política de amigos y enemigos. Puedo equivocarme en este punto, como en el resto, pero no veo la conexión entre esta posición y un reclamo de impunidad. 

---

^[1] “El caso Pinochet: ¿Justicia nacional o impunidad?”, en Los dilemas morales de la Justicia internacional, Jaime Malamud y otros, Miño y Dávila, 2003.

^[2] “De la ESMA al INDEC. La Justicia frente al poder”, en ¿Usted también Doctor? Complicidad de jueces, fiscales y abogados durante la dictadura, J. P. Bohoslavsky (Editor), Siglo XXI, 2015.

^[3] Escribió Alfonsín en su capítulo “The Function of Judicial Power During the Transition” en el libro Transition to Democracy in Latin America, editado por Irwin Stotzky, (Westview Press, 1993), página 44: “...la judicatura en un régimen autoritario aparenta ser una rama separada del gobierno, cuando en realidad está despojada de poder. Los jueces están limitados por una obediencia ciega a la voluntad absoluta de aquellos en el poder -un hecho que generalmente tratan de ocultar- y simulan funcionar independientemente, cuando en realidad no tienen independencia. Por supuesto reconocemos que existen situaciones intermedias.” (Traducción propia del inglés).