RICARDO PRESIDENTE II

En el lanzamiento del MORENA, la semana anterior, en Córdoba, se consensuó un documento que juzgo muy importante. Si en Ferro Ricardo Alfonsín había sentado las bases éticas de su proyecto presidencial, este documento da un segundo gran paso, avanzando sobre definiciones muy trascendentes.  Destaco el énfasis en  la lucha contra todas las desigualdades, en la igualdad real de oportunidades, en la igualdad de género como prioridad de todas las áreas de gobierno, el compromiso ambiental. 

En el documento resuenan las mejores ideas del pensamiento filosófico igualitario, reivindicando ideas de Dworkin ("un estado democrático tiene una obligación: actuar con igual respeto y consideración por todas las personas"), de Rawls  (la lucha contra la "lotería social") y del imprescindible pensamiento feminista ("Vamos a terminar con las desigualdades que sufren las mujeres en el trabajo, en la familia y en la esfera pública. Todas las áreas de nuestro gobierno tomarán en cuenta  el impacto de las políticas públicas respecto de los derechos de las mujeres.")

Algunas afirmaciones fuertes no han de pasar desapercibidas, como la idea del liderazgo cimentado en la confianza ("todos podrán confiar en algo más, podrán ir a dormir cada día con la certeza de que no los perseguiremos, no los hostigaremos, no falsificaremos la información pública, no pincharemos teléfonos, no nos enriqueceremos"). 

El camino es el correcto, ojalá se sumen muchos/as!

Este es el MANIFIESTO DE CORDOBA:

Un nuevo radicalismo, un mejor país.

Una cruel paradoja insiste con humillarnos a los hombres y mujeres que amamos la vida pública: la Argentina, un país inmensamente rico, resultó ser el hogar de familias inmensamente pobres. La democracia que los argentinos restauramos en 1983, vista desde este 2010, nos frustra tanto a nosotros, los radicales, los que creemos en el diálogo y el acuerdo, como a todos quienes vieron descender sus niveles de vida y la calidad de los servicios esenciales que debe prestar el Estado.

Contamos, sin embargo, y todavía, con un amplísimo consenso acerca de las virtudes de la vida democrática. Sin más demoras, la democracia política, y su hermoso ritual electoral, deben producir la democracia social. Porque son las condiciones económicas las que definen las características del orden social. Y una democracia que tolera la exclusión de una parte del pueblo, deja de ser la democracia por la que vale la pena la entrega generosa del que representa y también la del que es representado.

El gobierno nacional actual encarna un populismo conservador de matiz autoritario que no reconoce límites legales y concibe las instituciones como obstáculos que hay que evitar. Concentra y personaliza el poder e interpreta cada crítica como un acto de agresión. Divide el mundo entre amigos y enemigos y supone que dialogar es mostrar debilidad. Por su propia naturaleza, carece de capacidad para organizar el futuro, porque cualquier proyecto que dependa de personalismos autoritarios, es frágil e inestable.

Y esto no sería solo malo, sino hubiera algo peor: el gobierno es rehén de una matriz productiva que no mejora la calidad de vida de las mayorías. El crecimiento económico es un ingrediente necesario pero no suficiente para reducir la pobreza. La sociedad necesita igualdad y desarrollo. Si no, no será posible vivir en paz y seguridad. La pobreza no es algo normal, es algo inmoral.

Ante un cuadro así, un desafío mayor es la construcción de la confianza. En la democracia del diálogo los liderazgos de calidad no se construyen con publicidad, ni aparatos, ni dinero, ni apoyos corporativos; sino en base a confianza, diálogo y construcción de grandes acuerdos estratégicos. Seremos gobierno el año que viene porque el pueblo confiará en nosotros. Confiará porque no dejaremos dudas. Y porque cumpliremos con el mandato electoral. Con el radicalismo y las fuerzas que nos acompañen en el 2011 no dejaremos ni un argentino atrás. Si la Argentina crece, pues entonces: crecemos todos. Y aun a quienes no nos voten, también les corresponderá el progreso y el crecimiento. Y todos podrán confiar en algo más, podrán ir a dormir cada día con la certeza de que no los perseguiremos, no los hostigaremos, no falsificaremos la información pública, no pincharemos teléfonos, no nos enriqueceremos.

Estas son algunas de nuestras convicciones que pensamos como para no ir dejando dudas.

• Vamos por la igualdad. Porque un estado democrático tiene una obligación: actuar con igual respeto y consideración por todas las personas.
• Vamos contra las desigualdades políticas, contra toda forma de discriminación o persecución, porque jamás aceptaremos la idea perversa de que un proyecto progresista precisa restringir la libertad de prensa, falsear la información pública, amenazar con el uso de la violencia, abusar del poder o corromperse.
• Vamos a terminar con las desigualdades que sufren las mujeres en el trabajo, en la familia y en la esfera pública. Todas las áreas de nuestro gobierno tomarán en cuenta  el impacto de las políticas públicas respecto de los derechos de las mujeres.
• Vamos contra las desigualdades de cuna, contra la lotería social que condena a millones de compatriotas a vivir con menos educación, con menos seguridad, con menos salud, por el simple hecho, completamente involuntario, de haber nacido en un hogar pobre.
• Trabajamos contra las desigualdades económicas, porque la brecha de ingresos y bienestar perpetúa la injusticia, destruye los lazos comunitarios y degrada nuestra cultura. La exclusión y la marginalidad son causas determinantes del nivel de inseguridad que condiciona la vida de todos los argentinos. La desigualdad grosera y agraviante favorece la violencia y quienes se sienten afuera del sistema por generaciones sucesivas no tienen ningún motivo para cumplir las leyes y respetar la vida y la propiedad de quienes viven una realidad mejor.
• El delito profesional sí debe combatirse, con buena policía, buen sistema carcelario y buenos jueces. Pero el delito que nace de la pobreza –y que victimiza, en primer lugar, a los pobres- solo se soluciona con políticas sostenidas de integración social.
• El Estado no puede resolver todos los problemas, pero queda claro que su ausencia los agrava. La acción estatal debe alentar la movilización de recursos privados para la inversión en investigación y desarrollo, el aprovechamiento integral de la dinámica expansiva del mercado y la organización de cadenas de valor. Nuestro país produce conocimiento científico de excelencia. Pero precisamos un sistema eficaz para que el sector productivo nacional pueda incorporar la producción científica argentina al proceso productivo.
• El Estado debe definir, diseñar y aplicar una política demográfica, migratoria y de planificación territorial que preserve la apertura “hacia todos los hombres del mundo” y al mismo tiempo, procure la adecuada ocupación del espacio nacional,  amortiguando la tendencia a la urbanización indiscriminada y no planificada que provoca la superpoblación de las ciudades.
• Debe hacerse una revisión de nuestra matriz productiva tendiente a democratizar nuestra organización económica, desandar el alarmante proceso de concentración y la pérdida de nuestra capacidad estratégica sobre sectores productivos básicos, iniciados en los noventa y continuado hasta ahora.
• El fortalecimiento de las capacidades técnicas y financieras del Estado es condición necesaria para la profundización de su gestión en el campo social. La planificación participativa, la inversión pública en todas las áreas deben pensarse y organizarse en función de la igualdad, sabiendo que el trabajo es el primer factor de igualación y equidad. En el mismo sentido deben utilizarse los instrumentos de política económica.
• La inserción en los mercados internacionales es una condición de sustentabilidad de todo programa de desarrollo.
• La educación es el sector donde el abandono alcanza niveles colosales. La crisis de la escuela pública compromete el porvenir de generaciones enteras, porque impide concretar la función incluyente del conocimiento que sirve para la libertad, para el crecimiento personal, pero también como aporte imprescindible para la creación de progreso.
• La decadencia de la enseñanza provista por el Estado agrede el más elemental sentido de justicia social, porque excluye a tantos, en una etapa en la que la comprensión y el manejo de la tecnología es un factor sustancial para mejorar la calidad de vida e impulsar el desarrollo económico.
• Vamos a recuperar capacidad de decisión sobre nuestros recursos naturales estratégicos.
• Debemos poner fin a la desigualdad entre generaciones. Una ley básica de la vida en sociedad es que debemos dejar a nuestros hijos y nietos un mundo mejor que el que recibimos de nuestros abuelos y padres. Pero nuestra generación viola esta ley y amenaza la subsistencia de las generaciones futuras. Para disfrutar de un ambiente sano, debemos pensar hoy en los efectos a 50 o 70 años de distintas prácticas y políticas públicas.

El Morena en la Unión Cívica Radical El Morena nace para conducir al Partido a las elecciones del 2011, para ser gobierno interpretando a las mayorías y para servir al país. Para ello impulsa un Programa, promueve el recambio generacional y auspicia, de entre sus filas, al futuro Presidente de la Nación.

Los partidos políticos recibieron de lleno el impacto producido por la desconfianza y se convirtieron en promotores de candidaturas individuales sin proyección nacional. Nuestra misión es consolidar para la UCR su condición de fuerza nacional y federal, garantizar su unidad de pensamiento y acción, impulsar la renovación de sus ideas, sus métodos y su dirigencia, y colaborar en el diseño de coincidencias de fondo con otras fuerzas políticas y sociales que garanticen las transformaciones de fondo que Argentina necesita. Vamos a fortalecer, ampliar y potenciar el Acuerdo Cívico y Social.

Con el Movimiento de Renovación Nacional queremos hacer del radicalismo la fuerza convocante de una gran causa nacional. Los hombres y mujeres del Morena han custodiado al Partido y evitado su dilución. Junto a ellos, nuestro candidato resistió la diáspora y la aviesa intención de cooptación por parte del gobierno, y hoy interpreta la aspiración del pueblo a un cambio progresista, igualitario y fraternal.

Tenemos para ofrecerle al país un partido de principios, un programa transformador  y mujeres y hombres decididos a que la Argentina sea todo lo que puede ser.

Ciudad de Córdoba, 28 de Agosto de 2010

POGGE EN CLARIN






POGGE EN PAGINA

Sociedad|Domingo, 29 de agosto de 2010

El filósofo que busca crear un fondo global para estimular la producción de remedios

Un plan para cambiar la salud mundial

Thomas Pogge recorre el mundo con su propuesta para incentivar a los laboratorios a producir medicamentos para pobres. Aquí, explica en qué consiste el método y por qué la Argentina podría jugar un papel clave.

Por Mariana Carbajal

Thomas Pogge es uno de los filósofos “globales” más reconocidos del momento. Nació en Alemania pero vive desde hace tres décadas en Connecticut, Estados Unidos. Aunque, en realidad, últimamente ha pasado más tiempo volando que en tierra firme. Desde que comenzó el año, recorrió el equivalente a cinco vueltas al mundo con un objetivo primordial: promover el Fondo de Impacto sobre la Salud (The Health Impact Fund), una nueva propuesta para estimular la investigación y desarrollo de fármacos para las llamadas enfermedades de la pobreza, las olvidadas, que afectan a millones de personas pobres en el planeta, como la malaria, el dengue y, en la Argentina, particularmente el Mal de Chagas, cuya cura no es un desafío para los grandes laboratorios dado que los potenciales clientes-pacientes tienen sus billeteras vacías. La iniciativa consiste en brindar a las compañías farmacéuticas la opción de vender al costo y cobrar un monto adicional por el impacto en la salud que cause una nueva droga. Cuanto más efectiva, cuantos más individuos logre curar, más ganancias tendrá la empresa. En su periplo, Pogge estuvo en Buenos Aires, donde dio un par de conferencias, y partió luego rumbo a Brasil. Para el filósofo, Argentina puede ser un país clave para di- seminar la idea del Fondo en la región. En una entrevista con Página/12, en su acotada agenda, explicó los detalles del proyecto.

La prensa alemana lo apodó “el pensador-para-cambiar-el mundo”. Pogge está convencido de que se puede (y se debe) terminar con la pobreza. “Todo lo que se necesita para que nadie quede por debajo de la línea de pobreza es el uno por ciento del ingreso mundial”, enfatiza Pogge, con la intención de mostrar que no se trata de un escenario inevitable. Entre otros libros, editó La pobreza como violación de los derechos humanos.
–¿Alguna experiencia personal lo empujó para involucrarse con esta temática?
–Sí, tres experiencias. Nací en Alemania. La generación de mis padres hizo algo terrible (sostener el nazismo), por lo tanto a los 6 o 7 años entendí que uno tenía que desconfiar de los juicios morales de sus padres. En segundo lugar, la guerra de Vietnam, los bombardeos estadounidenses me hicieron identificarme con los países en desarrollo. En tercer lugar, un viaje que hice mientras era estudiante de posgrado, y fui desde Estambul a Japón: en ese recorrido vi una pobreza increíble que nunca me había imaginado, en Deli, Pakistán, Bangladesh, Tailandia..., ver a nenas que se vendían como objeto para prostitución en las estaciones me impactó muchísimo –cuenta Pogge.
Habla sin exaltarse. Explica con paciencia docente. Discípulo de John Rawls, actualmente es director del Programa de Justicia Global y profesor de Filosofía y de Asuntos Internacionales en la Universidad de Yale. Además, dirige un programa de investigaciones en la Universidad de Oslo y también se desempeña en el Centro de Filosofía Aplicada y Etica Pública en la Universidad Nacional de Australia. En Buenos Aires, dio una conferencia invitado por Flacso-Clacso y otra en la Facultad de Derecho de la UBA, donde fue presentado por la decana Mónica Pinto. Hacer Justicia a la Humanidad: Problemas de Etica Práctica contiene sus ensayos más importantes traducidos al castellano (México, Fondo de Cultura Económica, 2009).
–¿De qué trata el Fondo de Impacto sobre la Salud?
–El Fondo es una nueva forma de incentivar la innovación en la industria farmacéutica. En el sistema actual, la innovación es recompensada con un monopolio temporario: a través de las patentes, durante un período, la compañía puede recargar el costo de producción y cobrar un precio muy superior. Bajo el sistema del Fondo, la empresa que genera una innovación medicinal puede elegir ser retribuida de una forma distinta: la retribución en ese caso está vinculada con el impacto del medicamento en la salud. El laboratorio, entonces, se comprometería a vender el medicamento al costo. Pero a cambio recibiría, además, una retribución por la mejora efectiva que produzca en la salud ese medicamento.
–¿Reemplazaría al sistema de patentes?
–No, sería una alternativa. El innovador siempre tendrá la posibilidad de elegir. Si lo que descubre es una droga cosmética, un producto para la caída del cabello, no va a ir nunca al Fondo. Pero si descubre la cura de la malaria, sí. En el sistema actual hay dos problemas: uno es que hay muchos medicamentos que son muy caros y no toda la gente puede pagarlos, y otro es que hay muchos medicamentos que son muy baratos y no generan incentivos para su producción.
–¿Qué ventajas tendría el Fondo?
–Tres grandes ventajas. En primer lugar, logra que sea muy conveniente económicamente investigar y producir drogas para las llamadas “enfermedades olvidadas”, como la malaria y el dengue: una nueva droga que consiguiera curar esos males tendría un impacto enorme porque hay millones de personas que las padecen. De esa forma, se promovería la innovación que bajo el sistema actual no se produce porque se trata de pacientes pobres. En segundo lugar, tendríamos drogas muy baratas desde el primer día. La tercera ventaja es que las empresas se preocuparían por un problema que existe ahora que es que los medicamentos lleguen a las personas pobres: si llegan, curan, generan impacto y reciben dinero por eso. Argentina tiene una oportunidad única y valiosa para un liderazgo global para promover esta iniciativa.
–¿Por qué lo dice?
–El Fondo apunta a un modelo global diferente. Hay dos razones por las que Argentina tiene una gran oportunidad para promover la implementación del Fondo. Por un lado, es un vocero reconocido de los países en desarrollo y, al mismo tiempo, por su idioma, por el hecho de ser un país de habla hispana: el español se está transformando en uno de los idiomas más importantes. De modo que si la Argentina se sumara al proyecto sería un participante clave para difundirlo y tener una masa crítica que permita adoptarlo.
–¿Cómo surgió la idea de este Fondo?
–La idea original surgió hace seis o siete años, cuando trabajaba en el Instituto Nacional de la Salud en Washington, de un grupo que se armó con abogados, economistas, investigadores del campo de la Medicina. Ahora la estamos promoviendo políticamente.
–¿La plantearon en la Organización Mundial de la Salud?
–La OMS tiene un grupo de expertos que se reunió durante dos años para explorar nuevas formas de financiamiento de la salud. Evaluaron 90 propuestas. El Fondo fue una de las cinco propuestas elegidas como más promisorias.
–¿Cree que es posible implementarlo frente a la voracidad de la industria farmacéutica, que hasta ha sido acusada de inventar enfermedades con tal de ganar dinero?
–Pienso que sí, porque no es un sistema que perjudique a los laboratorios. Pueden elegir. Además, las compañías farmacéuticas tienen un problema de imagen, nadie las quiere, especialmente en el Hemisferio Sur. Esta es una oportunidad para mejorar su imagen sin perder dinero.
–¿Quiénes se han interesado hasta ahora por el Fondo?
–Estamos trabajando en veinte países clave. Hemos tenido más éxito al plantearlo en Europa, China e India. Se necesitan muchos gobiernos que pongan dinero. China e India están dispuestos a apoyarlo pero están esperando ver qué harán países europeos y americanos. El Partido Socialdemócrata alemán adoptó la propuesta e incluso ha puesto dinero para organizar una gran conferencia en marzo en Bruselas, donde está el corazón del gobierno europeo. El gobierno de Estados Unidos es más difícil que se interese. No suele apoyar iniciativas multilaterales.
–Otro de los tópicos que investiga es la justicia global. ¿A qué se refiere?
–Sí, empecé trabajando en filosofía política y después me dediqué a ese gran tópico. Es la evaluación moral de las instituciones que surgen a escala global. A partir de la globalización cada vez más el mundo está sujeto a reglas supranacionales, que son sumamente injustas. Las reglas de comercio, de inversión, sobre proteccionismo, el régimen de propiedad intelectual. A mediados de los ’90 se globalizó el sistema de propiedad intelectual y todos los países del sur fueron forzados a sumarse a una protección muy estricta de la propiedad intelectual. Esa fue una catástrofe para los pacientes pobres, porque se acabaron los genéricos de los medicamentos baratos.
–Otro de sus temas de estudio es el problema de la pobreza. Hay quienes sostienen que pobreza siempre hubo y siempre existirá. ¿Piensa igual?
–La pobreza se podría terminar fácilmente. Hoy la mitad de la población del mundo gana menos de 2,50 dólares por día. En realidad, están 40 por ciento lejos de alcanzar 2,50 dólares, es decir, se tienen que arreglar con 1,50 dólar por día. Lo que falta para que superen el umbral de los 2,50 –que es donde marca el Banco Mundial la línea de pobreza– es el uno por ciento de ingresos de la Humanidad. Transferir el uno por ciento del ingreso mundial terminaría con la pobreza. Si un país como EE.UU. redujera en un tercio su presupuesto bélico, sería suficiente. Hace 200 años se hubiera necesitado un porcentaje infinitamente mayor que ese uno por ciento. Es cierto, la pobreza siempre existió pero nunca fue tan escandalosa. Es interesante ver el problema de la pobreza desde una perspectiva de género. La mayoría de las personas pobres son mujeres. Las estadísticas lo ocultan porque dan por hecho que en un hogar todos reciben lo mismo, pero no es así. Por ejemplo, la comida no se distribuye de forma igualitaria: las mujeres comen menos, ellas comen después de que lo hacen sus hijos y el marido, y con frecuencia el acceso a la educación también es desventajoso para ellas. La mejor forma que se ha encontrado para erradicar la pobreza involucra a las mujeres: los microcréditos dirigidos a las mujeres son un muy buen camino y está demostrado que son mucho más efectivos para erradicar la pobreza que si se los dieran a los varones.

RICARDO PRESIDENTE

Estuve ahí. Histórico. Solo un adelanto: increíble proporción de jóvenes. Dato decisivo aunque ignorado por los medios.Importantes definiciones sobre desigualdad, transparencia, rol del estado.

THOMAS POGGE EN BUENOS AIRES

La semana que viene estará en BA Thomas Pogge (Depto de Filosofía-Yale). Pogge fue discípulo de Rawls, y es autor de obras imprescindibles como Realizing Rawls, World Poverty and Human Rights y centenares de artículos sobre filosofía política. 

En Buenos Aires discutirá sobre dos temas sobre los que se ha convertido en la autoridad mundial Nº 1: La pobreza global, y el Fondo de Impacto en la Salud (una propuesta para reemplazar el sistema actual de patentes medicinales, que hace agua por todos lados) 

El Lunes 23 de Agosto, Igualitaria, junto a CLACSO y FLACSO invitan a la charla que dará sobre “Desarrollo, Pobreza e Igualdad de Género” en el Auditorio Emilio Mignone, de FLACSO, en Ayacucho 555, de 18 a 20.

El miércoles 25 de agosto, en SADAF (Sociedad Argentina de Análisis Filosófico) Bulnes 642, a las 18.30, Pogge responderá críticas (en especial una muy difundida de Joshua Cohen) a su visión de la justicia global. El material para la discusión puede consultarse acá

En la UBA-DERECHO, el 26 de Agosto a las 18,30 (Salón Verde) expondrá el siguiente tema: "Enfrentado a sí mismo: Aspiraciones y realidades del derecho internacional." La introducción estará a cargo de la Decana Mónica Pinto. La presentación será en inglés, con traducción simultánea.  El material para la discusión, acá

Hablando de causas justas
CONVOCATORIA DE REDI

Compañerxs:

En noviembre de 2009 se promulgó la ley 3230 que prorrogó el cumplimiento del cupo laboral por un año.

Este acto de la legislatura dejó en suspenso por un año el derecho humano al empleo público de miles de personas con discapacidad.

En el mismo mes de noviembre el Tribunal Superior de Justicia reconoció el derecho al empleo público de las personas con discapacidad en el fallo "Barílá c/ GCBA s/ cupo laboral".

REDI presentó en 2010 una acción declarativa de inconstitucionalidad que se encuentra en trámite ante el Tribunal Superior de Justicia. Esta acción podría tener como resultado el dictado de la nulidad de la ley 3230.

A lo largo de 2010 REDI realizó acciones de incidencia al efecto de que la Legislatura dicte una ley derogando la ley 3230. Como resultado de esta acción se presentaron los proyectos 640-D-10, 638-D-10 y 437-D-10, los cuales en su articulado se limitan a requerir la derogación de la ley 3230 (se adjuntan textos).

Estos proyectos tendrán tratamiento por parte de la Comisión de Políticas de Promoción e Integración Social el próximo miércoles 18 de agosto a las 14.30 en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

REDI convoca a todas las personas con discapacidad, sus organizaciones representativas, las organizaciones sindicales, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones gubernamentales responsables de verificar el cumplimiento de los derechos humanos, y a las personas y organizaciones interesadas en el cumplimiento del cupo laboral a participar de la reunión de la referida comisión para manifestar su interés por la derogación de la ley 3230.

Esperamos que participen para que nunca más se postergue el derecho al empleo de las personas con discapacidad, para que el estado de la Ciudad de Buenos Aires entienda que no puede tomar libremente decisiones regresivas que afecten nuestros derechos, para que los más de 4000 inscriptos en el Registro de Aspirantes a Empleo Público en COPIDIS vean hecha una realidad su expectativa.

¡NI UN DÍA MÁS DE INCUMPLIMIENTO DEL CUPO LABORAL!

LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES APOYA LA DESPENALIZACION DEL ABORTO


Más info, aquí.

EDUCACION RELIGIOSA EN SALTA II


Muy buena cobertura en P12, acá.

Pagina 12, 30/7/2010, Supl. las 12

La guía es un paso adelante

 Por MARTA ALANIS, PAOLA BERGALLO, MABEL BIANCO, GUILLERMO CARROLI, SUSANA CHIAROTTI, VIRGINIA FRANGANILLO, VALERIA ISLA, GLADYS PONTE, SILVINA RAMOS, MARIANA ROMERO Y EUGENIA TRUMPER.

Las y los integrantes del Consejo Asesor del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable ante los hechos ocurridos en relación con la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles consideramos que, habiendo participado activamente desde 2007 en la elaboración de la Guía Técnica de Atención Integral a los Abortos No Punibles que regula la prestación sanitaria de los abortos permitidos por la ley, se ha dado un paso adelante con su reciente revisión, actualización y publicación. También es un paso adelante en el compromiso con una política pública que garantice el cumplimiento de la ley, la existencia de una resolución ministerial por parte de la máxima autoridad sanitaria.

Entendemos que si bien la guía se encuentra disponible desde el 2007, han existido serias dificultades para su implementación. En este sentido, el aval de una resolución ministerial cumple un rol fundamental para avanzar en la garantía del reconocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres.

Insistimos, a la luz de las expresiones contradictorias que han circulado en distintos ámbitos en estos últimos días, en la necesidad de trabajar en la implementación de la guía, instrumento clave para que el Estado, sus funcionarios y los servicios de salud den cumplimiento a sus obligaciones.

Entendemos que la insuficiencia en la vigencia e implementación de una política pública en materia de acceso a los abortos permitidos por la ley argentina, pondría al Estado en una situación de incumplimiento con las ciudadanas tal como lo refleja la denuncia que el Estado tiene frente al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esperamos que las autoridades sanitarias adopten todas las medidas necesarias para implementar efectivamente la Guía Técnica, acompañada del aval institucional y político que se requiere.

InteresANTISIMO ARTICULO SOBRE LA LEY DE MATRIMONIO IGUALITARIO EN EL AMERICA'S QUARTERLY (Gracias Juan P. Bohoslavsky)

SIX REASONS WHY ARGENTINA LEGALIZED GAY MARRIAGE FIRST

BY 

JAVIER CORRALES AND MARIO PECHENY

El texto completo acá

¡¡APOYAMOS A CARLOS BIANCHI PARA  DT DE LA SELECCION, COMO SIEMPRE!!

UNA LAPICERA PARA EL MINISTRO MANZUR A LA DERECHA, POR FAVOR

Desde el Ministerio de Salud dicen que el Ministro no firmó la Guía para la atención de los abortos no punibles, que simplemente aclara al sistema de salud que los abortos no punibles establecidos hace 90 años no deben impedirse, obstruirse o judicializarse.

Alquien que le alcance una birome al Ministro, por favor!

BANCO DE DATOS SOBRE CASOS DE CORRUPCION EN 6 PAISES DE AMERICA LATINA


Muy buen trabajo de las amigas y amigos del Programa de Transparencia, Accountability y Lucha contra la Corrupción del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. 

Recorrer los casos de nuestro país es como meterse en un auténtico Tren Fantasma...

El Banco completo, acá

IGUALDAD MATRIMONIAL: UN FUERTE APLAUSO PARA NUESTRA PRESIDENTA

 

CARTA ABIERTA DE CECILIA MOREAU A LOS LEGISLADORES RADICALES

Muy buena contribución al debate, ayer en Página 12, de la legisladora bonaerense Cecilia Moreau, acá

MATRIMONIO UNIVERSAL: "¿METODOS ESPURIOS?"

La Senadora Negre de Alonso (una de las razones más convincentes para eliminar el Senado en una futura reforma constitucional) denunció "métodos espurios" por parte del gobierno para la aprobación de la ley de matrimonio universal.

La Senadora ejemplificó con la invitación de la Presidenta a varios senadores oficialistas (indecisos u opositores a la ley de igualdad en el matrimonio) a acompañarla en su viaje a China, lo que implicaría la ausencia de estos legisladores en la sesión del miércoles. Presumiblemente, lo espurio sería el uso de la enorme influencia política de la Presidenta para impedir que estos senadores voten contra la aprobación de la ley. No se ve nada raro o condenable en este tipo de presiones. El gobierno ha expresado que esta es una iniciativa que le resulta crucial y tiene permitido influir sobre los legisladores oficialistas para imponer su convicción. No podría hacerlo violando la ley o estándares éticos (amenazando con violencia, recurriendo a la Banelco, etc), pero una invitación incompatible con la presencia en el recinto no me resulta cuestionable.

Tampoco impugno que la Iglesia movilice a sus curas en las misas, o salga a las calles a defender sus ideas. Pero hay un detalle que ensombrece estas tácticas: la Iglesia católica recibe fuertes subsidios del Estado (en forma directa, a través del pago de sueldos de sus miembros, subsidios educativos, exenciones impositivas). No es muy transparente que una institución financiada por el Estado se movilice para restringir derechos.

Sería bueno terminar con el contubernio entre el estado y la Iglesia, contubernio que amenaza el deber primordial del Estado de mostrar igual respeto y consideración por todos sus habitantes, y que también condiciona el libre actuar de la Iglesia. No creo que se precise reformar el Art. 2 de la Constitución (aunque no estaría de más). Tal vez alcance con leerlo de forma más armónica con el resto de la Constitución, en particular con las cláusulas igualitarias, incluyendo la de los tratados internacionales de DDHH.

AL PACINO Y LA IGUALDAD

En estos días se juegan cosas importantes, frente a una jerarquía de la Iglesia que quiere llevarnos a la edad media. Disfruten 70 segundos increíbles del impresionante Al Pacino interpretando uno de los párrafos clásicos en contra de la discriminación, de la obra El Mercader de Venecia, que se está ofreciendo ahora en Nueva York. 


http://video.nytimes.com/video/2010/06/29/arts/1247468150463/the-merchant-of-venice.html?scp=1&sq=al%20pacino%20shylock&st=cse

MUY BUENO. 


El gobernador Urtubey (que en el plano nacional pasa por semi-progre)promulgó el año pasado una ley espantosa, que impone la enseñanza religiosa en las escuelas. Apoyo la lucha contra esta ley medieval, otra forma de violación infantil.





La ADC y un grupo de madres iniciaron una Acción de Amparo Colectiva 
Reclamo al Estado salteño por neutralidad religiosa en escuelas públicas

La ADC y un grupo de madres, iniciaron una acción de amparo colectiva contra el Ministerio de Educación de Salta para que se garantice la neutralidad del Estado en materia religiosa en las escuelas públicas de esa provincia.

(Buenos Aires, 28 de junio de 2010) - La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y un grupo de madres presentaron hoy un amparo colectivo para que se garantice la neutralidad del Estado en materia religiosa y, en consecuencia, se declare la inconstitucionalidad de la Ley de Educación local que, en uno de sus artículos, establece impartir educación religiosa dentro del horario de clase en las escuelas públicas de Salta. La acción persigue también que se declare la inconstitucionalidad e ilegalidad de las actividades de los funcionarios escolares, que al aplicar esta norma, imponen la enseñanza obligatoria de religión católica en las escuelas públicas de la provincia, vulnerando los derechos constitucionales de libertad de culto, religión y creencias, derecho a la igualdad, a la educación libre de discriminación, a la intimidad y principio de reserva libertad de conciencia, y respeto a las minorías étnicas y religiosas. 

En su escrito, los actores advirtieron que la enseñanza religiosa que se imparte actualmente en las escuelas de Salta restringe el derecho de las madres y de los padres a educar a sus hijos e hijas según sus convicciones y que esta situación es incompatible con el deber del Estado de respetar la neutralidad en el ejercicio de la función pública, en particular en el ámbito de la educación.

 

Antecedentes del Caso

Desde la sanción y promulgación de la ley provincial de Educación N° 7546 que declara de carácter obligatoria la enseñanza de religión en las escuelas públicas, se han venido estableciendo una serie de prácticas que no se compadecen con libertades y derechos reconocidos por la Constitución nacional, la Constitución provincial y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. 

Si bien, el artículo 28 inc “ñ” de la ley 7546, establece que la enseñanza obligatoria impartida debe atender “a la creencia de los padres y tutores, quienes deciden sobre la participación de sus hijos o pupilos”, y el artículo 8 inc. l aclara que entre los fines de la educación se encuentra “garantizar que los padres y en su caso los tutores tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban en la escuela pública la educación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones”, en la práctica, la provincia no ha garantizado la enseñanza simultánea de variadas religiones, sino ponderado la enseñanza de educación católica tornando a la ley inconstitucional en su ejecución y aplicación práctica.

La Sala III del Dr. Marcelo Domínguez de la provincia de Salta deberá resolver ahora el caso. Si deniega el amparo, existe la posibilidad de acudir al Superior Tribunal de Justicia de Salta en resguardo de los derechos afectados.

 

Fundamentos legales del caso

 

• La Constitución Nacional, los Tratados de Derechos Humanos que poseen jerarquía constitucional y la Constitución Provincial imponen al Estado (Nacional o Provincial) la adopción de una posición de estricta neutralidad en materia religiosa quedando prohibido el dictado de cualquier tipo de enseñanza confesional en las escuelas públicas.

• El artículo 28, inciso “ñ” de la ley de educación 7546 es contrario a la Constitución Nacional en tanto establece la enseñanza religiosa como una materia obligatoria que debe enseñarse en horario de clase. Ello es inconstitucional por ser incompatible con la absoluta libertad de las madres y padres (y en su caso de los alumnos) de decidir si éstos recibirán o no educación religiosa.

• La aplicación práctica del dictado de educación religiosa en las escuelas públicas es discriminatoria por no establecer uniformidad de criterios entre las distintas instituciones educativas, sobre opción, calificación y eximición de cursado de la materia a niños y niñas no católicos y no creyentes.

• La enseñanza religiosa que actualmente se está impartiendo en las escuelas públicas de Salta, restringe el derecho de las madres y padres a educar a sus hijos según sus convicciones. El Estado está obligado a la neutralidad confesional en el marco de la educación pública obligatoria en la que se requiere la asistencia a clase sin consideración de religión y debe tratar de inculcar a los alumnos un pensamiento neutral garantizando a todos los ciudadanos y ciudadanas la libertad de conciencia.

• El rol de la educación es fundamental, ya que es por medio de ella donde los niños y niñas construyen su autonomía, personalidad y libertad de pensamiento crítico. Privilegiar una religión por sobre otras mediante la enseñanza religiosa genera en los alumnos la impresión de que el Estado profesa una creencia religiosa determinada. Mientras que en un estado de derecho, nadie debería percibir que el Estado está más próximo a una confesión religiosa que a otra, menos aún las personas que son más vulnerables debido a su corta edad.

RELATORÍA DE LA CIDH CONSTATA GRAVES CONDICIONES DE DETENCIÓN EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Washington, DC, 21 de junio de 2010 - La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita a la República Argentina del 7 al 10 de junio de 2010, en el marco de la invitación abierta y permanente extendida por el Estado argentino a la CIDH. La delegación estuvo integrada por el Relator, Comisionado Rodrigo Escobar Gil, y personal de la Secretaría Ejecutiva. La Comisión Interamericana desea expresar su agradecimiento al Gobierno argentino por su cooperación y el acceso irrestricto a los lugares de detención durante el transcurso de la visita, así como a las organizaciones no gubernamentales argentinas y a la Comisión Provincial por la Memoria por la información y la cooperación prestada.

En la ciudad de Buenos Aires la delegación se reunió con el Vicecanciller de la Nación, Victorio Taccetti; el Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos del Gobierno Nacional, Julio Alak; el Director del Servicio Penitenciario Federal, Alejandro Marambio; y la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco. En la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, la delegación se reunió con la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia Hilda Kogan; la Procuradora General, María del Carmen Falbo; el Ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal; el Subsecretario de Política Criminal, César Albarracín; y el Jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Javier Gustavo Mendoza. Asimismo, se entrevistó con Mario Luis Coriolano, Defensor de Casación de la provincia de Buenos Aires y miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Inhumanas y Degradantes de las Naciones Unidas.

Los miembros de la delegación visitaron el Complejo Conurbano Bonaerense Norte, la Unidad 2 Sierra Chica, la Unidad 1 Lisandro Olmos, la Comisaría de Ensenada Seccional 3ra (El Dique), la Comisaría de Berisso Seccional 1era, y la Comisaría de Lomas de Zamora Seccional 6ta. Durante estas visitas la delegación sostuvo reuniones con las respectivas autoridades encargadas de estos establecimientos, y  entrevistó a un importante número de personas detenidas.

En el marco de la colaboración existente entre el Gobierno y la CIDH, y con el objetivo de contribuir a  la búsqueda de una mayor protección de los derechos de las personas privadas de libertad, la Comisión, en atención a las Resoluciones de la Asamblea General y sobre la base de las funciones y atribuciones que le otorga el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, hace de público conocimiento las siguientes observaciones preliminares.

La Relatoría de la CIDH desea expresar su profunda preocupación por las condiciones de detención en la que se encuentran las personas privadas de libertad en la provincia de Buenos Aires. En este sentido, la Relatoría resalta que en consideración a la posición especial de garante del  Estado frente a las personas privadas de la libertad, además de respetar su vida e integridad personal, el Estado tiene la obligación de asegurar condiciones mínimas de detención que sean compatibles con la dignidad humana.


De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, la población penitenciaria de la provincia de Buenos Aires a marzo de 2010 es de 30.132 internos, de los cuales 4.040 se encontraban recluidos en centros policiales. Según las cifras oficiales, el 61% de los privados de la libertad no tiene sentencia en firme; sin embargo, la Relatoría observa que dicho porcentaje no incluye aquellos detenidos en dependencias policiales. Las organizaciones de la sociedad civil, por su parte, reportan que más del 70% de las personas privadas de libertad se encuentran en prisión preventiva. La Relatoría de la CIDH considera preocupante el uso abusivo de la detención preventiva, en detrimento de los principios de presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad que deben regir este mecanismo procesal. En este sentido, la CIDH reitera que la detención preventiva de una persona es una medida excepcional, de naturaleza cautelar y no punitiva, procedente únicamente para asegurar que el procesado no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá de la acción de la justicia. La Relatoría de la CIDH observa que los jueces optan por la medida cautelar más gravosa para la vigencia del derecho a la libertad durante el proceso, con el objeto de mostrar eficiencia y evitar los reclamos de la sociedad, los medios de comunicación y del mismo poder político. La Relatoria de la CIDH observa con preocupación las últimas reformas procesales por las que se restringió el acceso a las medidas alternativas a la privación de libertad y se aplican criterios sustantivos para el análisis de procedencia de la prisión preventiva, en contradicción con los estándares internacionales.  En ese sentido, la CIDH exhorta a las autoridades a aplicar la detención preventiva con un criterio eminentemente excepcional e implementar medidas alternativas.  Asimismo, es necesario adecuar la legislación procesal de la provincia a los estándares internacionales de derechos humanos.

Por otra parte, en cuanto a la utilización de dependencias policiales, la Relatoría de la CIDH verificó que en la provincia de Buenos Aires la permanencia de una persona detenida por orden judicial en uno de estos establecimientos depende de la habilitación de cupos en las unidades del Sistema Penitenciario, lo cual, en la práctica, debido al déficit actual de plazas penitenciarias, puede tomar meses e incluso superar el año. La Relatoría resalta que las comisarías de policía son centros concebidos para detenciones transitorias que no cuentan con la infraestructura ni los servicios básicos para asegurar condiciones dignas de detención. Además, debido a su formación, el personal policial no está preparado para cumplir con la función de custodia de detenidos, la que corresponde a servidores públicos capacitados para la custodia y tratamiento de personas privadas de la libertad, en este caso, al Servicio Penitenciario Provincial. La Relatoría exhorta al Estado a adoptar las medidas necesarias para que cese la utilización de las dependencias policiales como lugares de alojamiento permanente de personas y, en consecuencia, dejen de funcionar como centros de detención.

Asimismo, la Relatoría de la CIDH expresa su profunda preocupación por la información recibida según la cual en los centros de detención se inflingen torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. En particular, se tuvo conocimiento de golpizas frecuentes, muchas veces seguidas de duchas frías; la práctica de la ?falanga? o ?pata-pata?, consistente en golpes propinados en la planta de los pies; y malos tratos mediante disparos con balas de goma; aislamiento prolongado en celdas de castigo; hacinamiento y malas condiciones materiales. Durante la visita la Relatoría tuvo conocimiento, inclusive, de tratos crueles inflingidos a un miembro del Servicio Penitenciario como parte de un ?ritual de iniciación? para ingresar en un grupo de élite de ese cuerpo.

Al respecto, la CIDH reitera que existe en el Derecho Internacional un régimen absoluto de prohibición de la tortura, y que los Estados tienen el deber de proteger a los privados de libertad contra todo tipo de amenazas y actos contra su integridad física o mental. Esto incluye el deber de abstenerse de utilizar como castigo disciplinario métodos que puedan ser catalogados como torturas, o tratos crueles, inhumanos y degradantes. De conformidad con la información recibida, entre febrero y junio de 2010 se reportaron 241 casos de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, de los cuales 115 fueron denunciados formalmente ante las autoridades. La Relatoría también recibió información por parte de diversas fuentes sobre la falta de voluntad del Estado para investigar y sancionar los actos denunciados, la impunidad imperante, y la falta de un registro oficial de los mismos, que permita contar con información fidedigna sobre la dimensión real del problema y diseñar políticas de prevención. En ese sentido, es de resaltar que la falta de castigo alienta la consolidación de prácticas contrarias al respeto a la integridad y la dignidad humana. Al respecto, la Relatoría insta al Estado argentino a tomar las medidas necesarias para prevenir la tortura; y en particular, exhorta a las autoridades judiciales a investigar, juzgar y sancionar a los responsables de hechos de torturas, teniendo en cuenta, para su calificación jurídica, la gravedad de los mismos y los estándares internacionales.

Resulta igualmente preocupante el mal estado general de las estructuras e instalaciones físicas, particularmente, de las sanitarias, hidráulicas, eléctricas y de internamiento. Las condiciones de alojamiento son incompatibles con el principio de trato humano que deben recibir todas las personas privadas de libertad. Estas deben disponer de espacio suficiente, exposición diaria a la luz natural, ventilación y calefacción apropiadas, según las condiciones climáticas del lugar de privación de libertad. Además, deben tener acceso a instalaciones sanitarias higiénicas y en cantidad suficiente para todas las personas detenidas; a productos básicos de higiene personal; y agua para su aseo personal. Al respecto, la Relatoría pudo constatar que algunas de las estructuras físicas de los centros de detención son muy antiguas y requieren de sustanciales trabajos de reparación, adecuación y mantenimiento. Particularmente en el caso de las comisarías se pudo observar que los lugares utilizados para la detención de personas no eran recintos diseñados originalmente para este fin, sino de estructuras diseñadas para otros fines modificadas posteriormente.

En cuanto a la capacidad de alojamiento del Sistema Penitenciario, las autoridades provinciales informaron sobre un programa consistente en la construcción de 23 alcaidías departamentales con un nuevo régimen de detención transitoria y el programa ?Casas por Cárcel?, destinadas a consolidar el principio del progresividad en la ejecución de la pena. La Relatoría valora los esfuerzos del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, los cuales, sin embargo, considera insuficientes para superar en su integridad la magnitud del problema.  En este sentido, la Relatoria de Personas Privadas de Libertad de la CIDH considera fundamental que se establezcan mecanismos para remediar las situaciones de alojamiento por encima del número de cupos o plazas, de conformidad con los Principios y Buenas Practicas sobre la Proteccion de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas de la CIDH.



Por otra parte, la Relatoría de la CIDH constató con preocupación la existencia de una política de traslados de detenidos como forma de control del orden interno de los penales o sanción disciplinaria, que se aplica de manera sucesiva e indiscriminada por parte de las autoridades del Servicio Penitenciario, con la circunstancia agravante que durante el traslado se somete a los internos a un trato inhumano y degradante, lo que, tomando en cuenta la vasta extensión de la provincia de Buenos Aires perjudica seriamente el contacto regular de los privados de libertad con sus familias, y les impide acceder a programas de educación y empleo que favorezcan su proceso de resocialización.



Al respecto, la Relatoría de la CIDH quiere destacar que la gran mayoría de internos entrevistados manifestaron haber sido objeto de traslados sucesivos entre unidades penitenciarias. Así por ejemplo, uno de los internos entrevistados manifestó haber recorrido en 6 años más de 40 (de las 54) unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense, pasando por algunas más de dos ocasiones. Por su parte, las autoridades aceptaron la utilización de esta práctica como una forma de control del orden interno en los penales. A este respecto, la Relatoría de la CIDH exhorta al Gobierno de la provincia de Buenos Aires a tomar medidas dirigidas a limitar los traslados previo control judicial y a evitar que sean utilizados como sanción disciplinaria. Además, se recomienda al Estado considerar la proximidad del detenido a su núcleo familiar, su estado físico, y su pertenencia a programas de educación o trabajo como criterios fundamentales al momento de disponer los traslados. De conformidad con los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas de la CIDH, los traslados no se deberán practicar con la intención de castigar, reprimir o discriminar a las personas privadas de libertad, a sus familiares o representantes.



En relación con la atención médica, la Relatoría de la CIDH recibió durante la vista una queja generalizada por la calidad precaria y el difícil acceso tanto a los servicios médicos como a  medicamentos. Asimismo, se tuvo conocimiento de la insuficiencia de provisiones de medicamentos e insumos hospitalarios en unidades sanitarias, y de la carencia de un mecanismo que asegure la provisión ininterrumpida de los mismos. En este sentido, la Relatoría de la CIDH recibió información según la cual el trasladado de internos a la sección de sanidad no siempre obedece a un criterio médico, lo que impide el acceso a la atención médica a las personas que realmente lo necesitan. En el caso de las personas privadas de  libertad en las comisarías se pudo establecer que no se les provee atención médica regular, sino sólo en caso de emergencia. A su vez, la Relatoria de la CIDH ha recibido información sobre la falta de un adecuado control judicial sobre las condiciones de detención en materia de salud.  En este sentido, la Relatoría insta al Estado a tomar las medidas necesarias para proveer a las clínicas de las unidades penitenciarias de infraestructuras sanitarias adecuadas; de recursos humanos indispensables; de medicamentos e insumos médicos suficientes para cubrir las necesidades de la población penitenciaria; y de seguridad que garantice la integridad física del personal. La Relatoría quiere destacar que las personas privadas de libertad tienen derecho a la salud, en particular, a la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada; a la disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial; y al acceso a tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos.  Además, se recomienda al Estado proveer atención médica regular a las personas detenidas en dependencias policiales.

En cuanto a la alimentación suministrada tanto a la población penitenciaria como a la detenida en comisarías, se recibió una queja reiterada sobre su insuficiencia y baja calidad. La Relatoria quiere resaltar que las personas privadas de libertad tienen derecho a recibir una alimentación que responda en cantidad, calidad y condiciones de higiene, a una nutrición adecuada y suficiente. La Relatoría de la CIDH verificó con preocupación que en los pabellones de separación los internos en aislamiento no contaban con agua corriente y tenían que comer con la mano. En este sentido, la CIDH insta al Estado a ejercer controles de calidad de los alimentos que consumen las personas privadas de libertad, y a asegurarse que los mismos reúnan los requisitos mínimos de cantidad, calidad e higiene. Además, es indispensable que el Estado provea a los detenidos utensilios básicos para que éstos ingieran sus alimentos en condiciones mínimas de dignidad.

De otra parte, la Relatoría analizó con preocupación la información recibida según la cual el sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires no cuenta con programas de rehabilitación y educación adecuados. Sin bien el artículo 5(6) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que las penas privativas de la libertad tienen como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados, la Relatoría pudo constatar que el acceso a los programas existentes es insuficiente en relación con la población penitenciaria de la provincia de Buenos Aires. La Relatoría exhorta al Gobierno provincial a destinar los recursos necesarios para la ampliación y adecuada dotación de talleres, escuelas y demás programas de resocialización a cargo del Servicio Penitenciario Provincial. Asimismo, se destaca la importancia de establecer criterios objetivos que aseguren un proceso de adjudicación de cupos transparente y equitativo.

La Relatoría exhorta al Estado a dedicar atención prioritaria y voluntad política para mejorar la situación de las personas privadas de la libertad en la provincia de Buenos Aires, para lo cual considera de crucial importancia fortalecer los mecanismos de protección. En este sentido, es necesario otorgar la independencia y autonomía necesaria a la Defensa Pública Provincial e instaurar el mecanismo establecido en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Asimismo, garantizar la independencia de los miembros del Poder Judicial, a fin de que cumplan de manera efectiva con su función de control de la legalidad de la detención preventiva y de la ejecución de la pena, libres de cualquier tipo de ingerencia o presión.

Finalmente, la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad insta al Estado argentino, en particular a la provincia de Buenos Aires, a diseñar e implementar una política penitenciaria acorde con los principios internacionales que rigen la materia; y a formular un plan general orientado a superar la grave situación que padecen las personas privadas de la libertad y a asegurar el goce efectivo de sus derechos humanos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, sin representar a ningún país, y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.

Enlaces útiles:

Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas

Oficina de Prensa de la CIDH

Sitio web de la CIDH

¡ALOOOOOONSO, ALOOOOOOONSO!




No me refiero a Beto Alonso (como bostero ese nombre me provoca como cosita), sino a Facundo Alonso, gran amigo mío, que es el primer latinoamericano en publicar un artículo en la mítica ETHICS.


La cita correcta es Ethics 119 (April 2009): 444–475, Shared Intention, Reliance, and Interpersonal Obligations, Facundo M. Alonso.


A Facundo lo conocí en Stanford, cuando hacía su doctorado con Michael Bratman. Ahora está con un posdoc en Yale. 


¡Qué bueno sería tenerlo trabajando en Argentina! 

Está todo dicho...

Briant Garth este lunes a las 19 en la UBA-DERECHO
Coordina el debate don Martín Böhmer.
¡Las/os esperamos!

SUERTE RICARDO ALFONSIN II

1. En el concurso permanente sobre idioteces, pensé que costaría superar a la afirmación de Sanz de que los pobres se gastan en vino y en falopa los subsidios sociales. Pero hace poco salió en los medios una tontería mayor: «Ricardo no es Raúl, porque él era Raúl Ricardo y éste es Ricardo Luis». Mamita... espero que las y los afiliados de la Provincia no dejen impune tanta imbecilidad.

2. Federico Storani dijo ayer que "nunca en la UCR bonaerense se usaron fiscales de otros distritos". Eso es mentira y me consta. Hace unos veinte años actué como fiscal general para la lista de Fredi Storani en una escuela de San Isidro, en una interna en la que enfrentaba a Moreau y a Posse, que lo molieron a palos. 

Era una escuela cerca de La Cava, donde votaba toda la familia Posse. De hecho, estuve en el recuento de votos de la propia mesa donde votaron los Posse, que eran como treinta. En el recuento estaba el Cholo, fumando un cigarrillo More, lo más pancho. Ganó 91 a 0, lo que llevó al Cholo a comentar: "Qué raro, ni el fiscal los votó..."