Justicia transicional: Réplica a Horacio Verbitsky
(Texto enviado a Página12)
En la nota
editorial de Página12 del domingo 23 de agosto Horacio Verbitsky (“Pescado al
dulce de leche”) critica un seminario sobre Derechos Humanos organizado por la
Universidad San Andrés en el que participé como uno de los invitados. La nota
presenta esta actividad como parte de una movida pro-impunidad. Temo que se me
esté endilgando el delito de “asociación panelística”. En lo que se refiere a
mi intervención la nota dice:
“El
profesor de derecho de la UBA Marcelo Alegre cuestionó incluso el concepto de
dictadura cívico-militar y la acusación a algunos jueces por complicidad con
delitos de lesa humanidad, porque constituiría una “oblicua reivindicación de
la dictadura”. Su barroca conclusión es que si se ignora que los jueces fueron
irrelevantes y se los acusa por no haber investigado “se transforma la
dictadura en una semi-república”.
También
entiende que se intenta poner los Derechos Humanos al servicio de un proyecto
anti-liberal, apropiándose del concepto liberal-democrático para combinarlo con
otros elementos incompatibles, como la reivindicación de la violencia política,
el nacionalismo, la militarización, y el hiperpunitivismo, lo cual constituye
una “gran deformación filosófica”.
Un punto
común a casi todas las intervenciones, que Alegre desarrolló con mayor detalle,
es la reivindicación del juicio a las Juntas de 1985, como modelo antagónico a
los actuales procesos, que no serían jurídicos sino políticos. Para ello pasan
por alto que aquel juicio suscitó en su momento las mismas críticas que ellos
dirigen ahora a la nueva etapa. Para Alegre, fue “el Cruce de los Andes de la
democracia recuperada”. No está de más recordar que Raúl Alfonsín justificó la
claudicación de la ley de obediencia debida con otra metáfora histórica: “No
hemos tomado la Bastilla”. Ni el cruce de los Andes ni la toma de la Bastilla
fueron momentos aislados, sino parte de procesos dinámicos que, con avances y
retrocesos, construyeron la independencia y la democracia que hicieron posible,
tanto el gran juicio del ‘85, como la reapertura posterior.”
En el panel
participó gente que conozco y respeto y cuyo compromiso con la democracia y los
DH es incuestionable, tales como Graciela Fernández Meijide, Carlos Peña
(Rector de la Universidad Portales de Chile), Sam Ferguson (investigador de la
Universidad de Yale), José Luis Romero, Robert Barros (Profesor de Ciencia
Política y estudioso de la dictadura de Pinochet), Martín Sabelli (experto en
reformas judiciales de EEUU), etc. Lamenté y así se lo dije al decano de San
Andrés, que no hubiera gente que trabaje en los juicios actuales desde la perspectiva
de los fiscales o víctimas para responder a las críticas a esos juicios de la
defensora Verónica Blanco. Lucas Grosman me respondió que nadie del CELS había
aceptado la invitación a integrar el panel por problemas de agenda.
He
cambiado muchas de mis opiniones con el tiempo, pero no sobre el tema de la
justicia transicional. Me opuse, como integrante de la Juventud Radical y en
las calles, contra las instrucciones a los fiscales, el punto final, la
obediencia debida, decisiones del gobierno de Alfonsín (que orgullosamente
integré en posiciones muy secundarias). En aquella época la militancia juvenil
no consistía en “bancar” al gobierno acríticamente. Por supuesto que apoyábamos
fuertemente a Alfonsín, pero muchos jóvenes cuestionaban en voz alta diversas
políticas del gobierno, en el terreno de los derechos humanos y en otros
(tenencia de drogas, deuda externa, etc), sin que se pusiera en duda nuestra
lealtad al radicalismo. Aspirábamos a ser la vida y la paz, no los soldados de
nadie.
Durante
los noventa apoyé, desde mi tarea docente, los distintos resquicios para vencer
a las políticas de impunidad, incluyendo la nulidad de la ley de obediencia
debida, y más tarde respaldé en mis escritos la jurisdicción universal en
materia de violaciones de DH[1].
Mi
posición sobre el concepto de dictadura cívico-militar y los juicios a jueces
del Proceso está publicada en un libro de este año, cuyo elogio de contratapa escribió
el propio Verbitsky.[2]
Cuestionar el concepto de dictadura cívico-militar no equivale a disminuir el
cuestionamiento ético y político del terrorismo de estado. En breve, mi postura
es que ningún sector participó del poder con la cohesión de las FFAA, que
concentraron en las Juntas la suma del poder público, incluyendo el plan
clandestino de represión. Esta conceptualización no obstaculiza en lo más
mínimo la punibilidad de los civiles (que por supuesto los hubo) involucrados
en la violación de derechos humanos.
En
el panel rechacé enfáticamente la idea de la reconciliación, que había sido
expuesta por Emilio Cárdenas previamente (aunque él fue claro respecto a la
improcedencia jurídica de todo tipo de amnistía o indultos). Dije que no cabía
trasladar al plano público un concepto eminentemente privado y que la
reconciliación es el producto de decisiones personales y no puede imponerse
desde el Estado. El Rector Peña disintió, cuestionando el carácter liberal de
mi enfoque e insistiendo en que la reconciliación es un fin legítimo del
Estado. Le repliqué invitando a Graciela Fernández Meijide a dar su opinión,
preguntándole si ella aceptaría que el Estado sustituyera su voluntad de
aceptar o no reconciliarse con los verdugos de su hijo. Graciela estuvo de
acuerdo conmigo.
De
ninguna manera afirmé ni creo, como dice la nota, que los juicios actuales sean
políticos y no jurídicos. Lejos de descalificar la rendición de cuentas ante la
Justicia de los funcionarios judiciales de la dictadura, señalé dos requisitos
para que esos juicios cumplan el objetivo de hacer justicia dentro del estado
de derecho. Por un lado, tomarse en serio la idea de la complicidad obliga a
acusar a los jueces por los delitos que sin duda son de lesa humanidad y por
tanto imprescriptibles: homicidios, tormentos, secuestros, etc. El resultado serían
sentencias aún más severas que las que se dictarían en base a delitos cuyas
penas son menores (incumplimiento de deberes, omisión de investigar, etc).
Por
otra parte, es necesario tomar en cuenta el contexto de la conducta judicial
que se investiga, en este caso el estado de terror imperante en la dictadura.
Respecto de la “oblicua reivindicación de la dictadura”, me refería al riesgo
de sobrevalorar el poder de los jueces en la dictadura. Si alguien asume que
los jueces podían poner fin a la represión ilegal, eso implicaría que el poder
militar estaba dispuesto a sujetarse a decisiones judiciales, lo que niega el
carácter de autoritarismo extremo del Proceso. La noción de que la Justicia
durante la dictadura fue más o menos irrelevante no es una originalidad. Por
ejemplo, era la opinión de Raúl Alfonsín.[3]
Mi
posición es que los jueces dictatoriales deben responder en los casos en que se
involucraron directamente en la represión clandestina (por ejemplo participando
de interrogatorios bajo tortura, favoreciendo apropiaciones de niños
secuestrados, etc) y sin que se formulen distinciones oportunistas con base en
las posiciones políticas posteriores de los magistrados.
Luego
de que Kirchner en la ESMA ninguneara el Juicio a las Juntas, y de la reescritura
oficial del prólogo del Nunca Más, es perfectamente legítimo que quienes
defendemos el legado extraordinario de Alfonsín reivindiquemos tanto la Conadep
como el Juicio a las Juntas. Emparentar esta defensa con una campaña por la
impunidad es un disparate, en línea con aquellas imposturas. No dije que el
Juicio a las Juntas fuera antagónico con los actuales juicios, como la nota
sugiere. Fue, simplemente, algo diferente y la razón que expuse es que aquel
juicio apuntaba a terminar con la idea de que las FFAA estaban por encima de la
ley y las instituciones. En mi opinión, y por fortuna, este objetivo de poner
en caja a los militares ya no está en juego hoy. Sí opino que la trascendencia
del Juicio a las Juntas es incomparable respecto del resto de los juicios.
También
dije que la filosofía de los DH, o sea el liberalismo (con perdón de la
palabra) es incompatible con varias posiciones con las que el kirchnerismo ha
coqueteado o que ha asumido. La nota enumera la reivindicación de la violencia
política, el nacionalismo, la militarización, y el hiperpunitivismo. Aludí
también a la política de amigos y enemigos. Puedo equivocarme en este punto,
como en el resto, pero no veo la conexión entre esta posición y un reclamo de
impunidad.
[1] “El caso Pinochet: ¿Justicia
nacional o impunidad?”, en Los dilemas morales de la Justicia internacional,
Jaime Malamud y otros, Miño y Dávila, 2003.
[2] “De la ESMA al INDEC. La
Justicia frente al poder”, en ¿Usted también Doctor? Complicidad de jueces,
fiscales y abogados durante la dictadura, J. P. Bohoslavsky (Editor), Siglo
XXI, 2015.
[3] Escribió Alfonsín en su capítulo
“The Function of Judicial Power During the Transition” en el libro Transition
to Democracy in Latin America, editado por Irwin Stotzky, (Westview Press, 1993),
página 44: “...la judicatura en un régimen autoritario aparenta ser una rama
separada del gobierno, cuando en realidad está despojada de poder. Los jueces
están limitados por una obediencia ciega a la voluntad absoluta de aquellos en
el poder -un hecho que generalmente tratan de ocultar- y simulan funcionar
independientemente, cuando en realidad no tienen independencia. Por supuesto
reconocemos que existen situaciones intermedias.” (Traducción propia del
inglés).
