El domingo salió esto en Clarinete
Nuestro sistema no es el feudalismo 19/09/10
En 1995 el gobierno de Néstor Kirchner disolvió la Procuración General de Santa Cruz, echando a Eduardo Sosa , que desde entonces reclama la devolución del cargo.
La Corte Suprema ordenó varias veces al gobernador que lo repusiera y ante el último incumplimiento, dio intervención a la justicia penal e informó al Congreso la violación de la Constitución.
El gobierno provincial, monitoreado desde el gobierno nacional, persiste en alzarse contra la Corte , planteando un conflicto institucional inédito en democracia y de consecuencias impensables; los argumentos descalificatorios hacia la Corte son propios de un pedido de juicio político ; y en el Congreso se discuten varios proyectos de intervención federal.
Este conflicto tiene aristas jurídicas poco controvertidas; y aristas políticas novedosas en comparación con otros enfrentamientos que ha tenido el Gobierno.
Hablemos de federalismo, no de feudalismo . La principal objeción jurídica a la orden de la Corte niega la naturaleza federal del caso. Pero ese carácter es indudable: el Art. 116 de la Constitución dice que “Corresponde a la Corte ... el conocimiento y decisión de todas las causas ... sobre puntos regidos por la Constitución”; y el Art. 5° ordena: “Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; ... que asegure su administración de justicia.” La Corte no transgredió ni la autonomía de la provincia ni el federalismo , que es un sistema de distribución del poder que protege la democracia a nivel local y que ampara a los ciudadanos de las provincias contra la arbitrariedad del poder central, pero también de la arbitrariedad de los poderes locales.
De allí que ese Art. 5 termine afirmando: “Bajo de estas condiciones (se refiere al respeto al sistema republicano) el Gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.” Además, el propio Tribunal Superior de Santa Cruz declaró la inconstitucionalidad de la ley usada para cesar a Sosabasándose en el atropello a la garantía constitucional de estabilidad judicial; y en un fallo que contiene señalamientos sobre el dramático impacto de la remoción del Procurador en las instituciones “republicanas” de la provincia.
Si en un contexto de anomia los argumentos jurídicos son insuficientes para alterar el rumbo del poder, tal vez sirva una consideración política: este desafío a la Corte es autodestructivo para el Gobierno . No impugno aquí una supuesta visión crispada de la política. De hecho no hay dos formas de hacer política, una confrontativa y otra dialoguista. Toda construcción política combina confrontación (con algunos) y diálogo (con otros) y el Gobierno sabrá cómo elige sus estrategias, pero cabe notar que esta disputa presenta riesgos especiales.
Para comenzar, ¿le conviene al oficialismo poner a debate las prácticas antirrepublicanas del gobierno santacruceño de las dos últimas décadas?Es público y notorio que al Procurador lo echaron por su independencia de criterio, lo que refuerza la idea de que en Santa Cruz no imperan ni la transparencia ni la tolerancia.
Y es allí donde comienza este caso. Pero hay un riesgo mayor.
Esta Corte goza de respeto.
Eso conlleva un justo reconocimiento al Gobierno por haber impulsado el juicio político a la mayoría automática; por haber propuesto a juristas respetadas/os en esas vacantes; y por haber reducido el número de miembros, lo que aventó tradicionales sospechas de manipulación.
¿Le sirve dilapidar ese crédito confrontando con una Corte Suprema de amplia legitimidad social? El Gobierno puede poner fin a este conflicto, exhibiendo el mismo respeto hacia la Suprema Corte de Al Gore en 2000, cuando la “falange republicana” en el máximo Tribunal de Estados Unidos le arrebató la elección.
Podría dejar a salvo su desacuerdo, pero afirmar ante una decisión inobjetable lo que Gore ante una sentencia injusta: “La Corte Suprema ha hablado. Que no haya dudas, aunque estoy profundamente en desacuerdo con la decisión, la acepto ”. Mientras, la obcecación daña al país y al Gobierno.
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